Autor: Jacobo Llerena, subdirector general de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
En el contexto actual encontramos varias razones que ponen de manifiesto la urgencia de reducir el consumo energético. La escalada de precios de la electricidad y del gas, la necesidad de conseguir independencia energética respecto a Rusia, o la lucha contra el cambio climático son solo algunos ejemplos que justifican la aceleración de las actuaciones que permiten ahorrar energía. Este ahorro se debe entender como resultado de la mejora de la eficiencia energética (de los edificios, sistemas de iluminación o procesos industriales, entre otros). Es decir, no se deben cerrar las industrias para consumir menos energía, sino modificar las tecnologías para continuar produciendo las mismas unidades, pero consumiendo menos energía. Esta es la base del principio europeo “Energy Efficiency First” (la eficiencia energética primero), que plantea que es más importante la eficiencia energética que otras actuaciones como la implantación de generación eléctrica renovable, ya que la energía más limpia es la que no se consume.
En esta línea, desde el año 2014 en España se les exige a las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad y a los operadores al por mayor de productos petrolíferos y Gas Licuado de Petróleo (GLP) que hagan una aportación económica anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), proporcional a las ventas que hayan realizado previamente. Dicha aportación les permite saldar la obligación de ahorro de energía anual que se les impone, ya que las aportaciones del Fondo se invierten directamente en programas de apoyo a actuaciones de ahorro energético.
Para otorgar una mayor flexibilidad al sistema y ofrecer vías alternativas a las empresas citadas para cumplir con su obligación de ahorro, se está desarrollando un sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), que permitirán verificar el ahorro energético que suponen las actuaciones de mejora de la eficiencia energética que lleven a cabo. De esta forma, las empresas podrán pagar al Fondo lo que les corresponde, o bien presentar CAE para garantizar que han conseguido un ahorro energético equivalente a la totalidad o a parte de su obligación anual. Los CAE son el documento electrónico que establece el reconocimiento fehaciente del ahorro anual de consumo de energía final derivado de una actuación de eficiencia energética, tras ser comprobada por un verificador de ahorro energético independiente.
Los CAE podrán expedirse para cualquier actuación que suponga un nuevo ahorro anual de energía, si bien se publicará un catálogo con “actuaciones estandarizadas” (por ejemplo, aislamiento de fachadas, cambio de ventanas, sustitución de neumáticos, etc.) que facilitará los trámites y el cálculo de ahorros en estos casos. El resto de actuaciones (por ejemplo, el rediseño de un proceso industrial) deberá justificarse de manera más detallada como “actuación singular”.
Las empresas obligadas podrán realizar actuaciones de ahorro en sus propias instalaciones o en instalaciones de terceros, y además también podrán acudir a empresas especializadas en conseguir ahorros energéticos (sujetos delegados), las cuales se dedicarán a promover actuaciones de ahorro que generen CAE, para venderlos a otras empresas y que cumplan así con sus obligaciones de ahorro. De esta forma se generará un mercado en el que se podrán comprar, vender y liquidar CAE consiguiendo ahorros energéticos de forma más directa, rápida y económica que mediante la vía de subvención. Primero se ejecuta la actuación de ahorro, y después se formaliza el cumplimiento de la obligación.
Por otra parte, también se contempla el desarrollo de un nuevo mecanismo financiero para promover de forma más eficaz la consecución de ahorros energéticos: las subastas de necesidades de ahorro energético. En estas subastas se ofertará una compensación económica a aquellos sujetos delegados que sean capaces de conseguir ahorros energéticos al menor precio posible. El producto a adjudicar será la cantidad de ahorro energético anual, y la variable de oferta el precio a pagar por dicho ahorro, pudiendo establecerse reservas para determinados tipos de actuaciones en función de las tecnologías empleadas, ubicación geográfica, vida útil, contribución a la reducción de pobreza energética, etc. En definitiva, con la puesta en marcha del sistema de CAE, incluidas las subastas, se conseguirá impulsar de forma definitiva el desarrollo del sector de la eficiencia energética en nuestro país, con todos sus beneficios económicos, sociales y ambientales asociados, y sin que ello repercuta negativamente en las empresas que actualmente ya están obligadas a conseguir un ahorro
